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Rafael Rodríguez

El ministro Eyzaguirre ha planteado que para terminar el lucro en la Educación Secundaria, se contempla en primer lugar prohibirlo y en segundo lugar comprar los establecimientos de sostenedores subsidiados por el Estado.

El motivo de esta columna es plantear un riesgo real de que al eliminarse el lucro, varios emprendedores que tenían interés en generar utilidades de estos establecimientos y desarrollarse, ampliarse, comprar otras propiedades vecinas y en fin, hacer una vida de esta actividad obteniendo una utilidad al menos equivalente a la que lograrían desempeñando otra alternativa, ahora no lo verán posible y es muy probable que decidan en consecuencia cambiar de giro, en una magnitud que podría no ser menor.

Cambiar de actividad implica vender o dejar de arrendar el establecimiento si ese es el caso. Esto último es lo más fácil; al término del contrato de arriendo se le avisa al arrendatario que hasta ahí no más llegó y se le avisa con algunos meses de anticipación a los alumnos y a sus familias que deben buscar un nuevo establecimiento educacional.

En el caso de que el sostenedor sea propietario, tendrá que analizar si la oferta de venta de su establecimiento es mayor en el mercado que lo que le ofrece el ministerio; siempre va a ser bienvenida la oferta mayor. El monto total involucrado se ha discutido por la prensa y como era de esperarse, las estimaciones varían según se trate de los sostenedores o del ministerio, las diferencias son entre 
US$ 9 y US$ 3 mil millones de inversión, millones más o millones menos. Adicionalmente, a la cantidad que se logre comprar va a haber que sumar los arriendos de aquellos que no continúen, todo esto sin interrumpir los años escolares.

Lo preocupante desde el punto de vista de la educación es que tanto en el caso de que se termine el arriendo como en el caso de que se venda el establecimiento, sus alumnos van a quedar en la calle, salvo que el ministerio genere una nueva capacidad de recibirlos rápidamente.

Al mirar las cifras se empieza a justificar el título de esta columna: se puede estar incubando una pesadilla. Imaginemos por un momento que un 50% de los actuales sostenedores con fin de lucro decidan salir del “negocio” porque ya no lo va ser más; esto significaría que potencialmente unos 1.900 establecimientos cerrarían, un 17% del total de establecimientos educacionales aproximadamente, potencialmente más de medio millón de alumnos debiendo buscar nuevos colegios. El Estado puede tener la fuerza de obligar a operar sin lucro, pero no tiene la fuerza de impedir que un sostenedor decida terminar su actividad educativa.

¿Estará el Estado en capacidad para asumir el desafío de impedir que ocurra este potencial desafío? ¿Estará el Ministerio de Educación preparado en ese momento para tener los eventuales 1.900 directores de colegios para reemplazar a los empresarios que decidan no continuar?; ¿tendrá el ejército de negociadores, abogados, presupuestos y procesos listos para operar rápidamente para tratar de mantener estos colegios funcionando sin interrupciones?
¿Tendrá la capacidad de generar las alternativas con la velocidad suficiente para impedir que niños se queden sin colegios a los que asistir cuando no sea posible continuar por venta a un tercero del establecimiento?, ¿podrá mantener o mejorar la calidad en medio de estos desafíos?
Uh, uh, ¿no estaremos arriesgando un segundo Transantiago?